Un contratista eléctrico de Minnesota demandó a fabricantes estadounidenses de tuberías de PVC por lo que alega es “price fixing”  (fijación de precios) y buscará convertir el caso en una demanda colectiva.

El price fixing es una práctica ilegal en la que varias empresas, que deberían competir entre sí, establecen un precio común para sus productos o servicios en lugar de permitir que el mercado los determine.

En este sentido, George Bavolak, de Minneapolis, y ex propietario de Metropolitan Energy Service Inc., un proveedor de servicios eléctricos residenciales y comerciales presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, División Este.

Una acción en contra de fabricantes de tuberías

La querella presentada va en contra de un grupo de tuberías que, en conjunto, controlan alrededor del 90% del mercado mayorista de tuberías de agua municipales de PVC y el 95% del mercado mayorista de conductos eléctricos de PVC en los Estados Unidos.

Los demandados incluyen a Atkore Inc., Cantex Inc., Diamond Plastics Corp., Ipex USA LLC, JM Eagle, National Pipe and Plastics Inc., Otter Tail Corp., Prime Conduit Inc., Southern Pine Inc. y Westlake Corp., afirma la demanda.

El demandante alega que las empresas «conspiraron y se combinaron para fijar, aumentar, mantener y estabilizar el precio de las tuberías de agua municipales de PVC y las tuberías de conductos eléctricos de PVC (en conjunto, ‘tuberías de PVC’) en los Estados Unidos».

Bavolak afirma que sufrió un «perjuicio» financiero como resultado. Quiere que la demanda incluya a «todas las personas y entidades que compraron tuberías de agua municipales de PVC o conductos eléctricos de PVC indirectamente para uso final» a los acusados ​​en los Estados Unidos desde al menos el 1 de enero de 2021.

Más allá de la pandemia

La demanda alega que la pandemia de COVID-19 «brindó a los acusados ​​la oportunidad de implementar su conspiración» y que utilizaron OPIS, un servicio de información e investigación de mercado, «para intercambiar declaraciones de señalización de precios e información competitivamente sensible».